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Los procesos por corrupción se están cobrando las cabezas de expresidentes, exaltos funcionarios, dirigentes políticos y empresarios de primera línea en los principales países latinoamericanos. Un “efecto dominó” que arranca en Brasil, por la Causa Odebrecht y se va replicando en cada país de la región revelando la trama de negocios y manejos que se fraguaron desde los poderes políticos en los últimos veinte años. En nuestro país impacta sobre un sustrato de corrupción que precede y subyace a lo ocurrido con los mega-contratos y sobornos de la constructora brasileña hoy caída de desgracia.

La lupa judicial está puesta en este caso en lo ocurrido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en el área de obras públicas e infraestructura que comandó durante esos tres mandatos Julio De Vido, actualmente munido de fueros parlamentarios por su condición de diputado nacional. En ese contexto, la politización de las causas judiciales en curso -en medio de la campaña electoral- sólo favorece a los corruptos. Cuando se utiliza esas causas sea para exagerar denuncias, generalizar imputaciones o descalificarlas con desprecio, no se toma en su debida cuenta el riesgo que se corre: que quienes están siendo investigados puedan escudar sus conductas indebidas y posibles delitos pasando por víctimas de persecuciones políticas. O que quienes intervienen en las investigaciones judiciales queden igualmente cuestionados o asociados a esas malas praxis. En síntesis, la intención de limpiar la política se confunde con la expansión del enchastre.

Cuando eso sucede, la corrupción puede dejar de ser un problema de discernimiento entre inocencias y culpabilidades, o responsabilidades penales por la comisión de delitos, para pasar a ser otro de disputa entre quienes gobernaron ayer y quienes gobiernan hoy; entre oposiciones que buscan volver a ser mayoría y oficialismos que buscan consolidarse.

Empecemos por pasar en limpio de qué se está hablando. La corrupción política se refiere al mal uso -o el abuso- del poder público para conseguir ventajas ilegítimas generalmente de forma secreta y privada. Las formas más comunes son el uso de información privilegiada y recursos públicos para enriquecimiento personal o desvío de fondos con fines partidistas o de grupo. Además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación y la prevaricación, también incluyen el nepotismo y el caciquismo. La impunidad en el ejercicio de funciones públicas facilita a menudo, además, delitos de otro tenor, como el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado.

En Brasil acaba de condenarse en primera instancia al expresidente Lula a nueve años y medio de cárcel por un hecho que, frente a otros, parece insignificante: fue acusado de ser beneficiario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera Petrobras. Podrá recurrir la sentencia en libertad pero queda amenazada su eventual candidatura a las elecciones de 2018. El fallo fue dictado por el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación Lava Jato, que desde hace tres años sentó en el banquillo y condenó a pesadas penas de prisión a decenas de políticos, tanto de izquierda como de derecha, y a encumbrados empresarios. El juez ordenó confiscar el inmueble denunciado, en una causa que afirma que Lula fue el destinatario de 3,7 millones de reales (algo más de 1,1 millones de dólares al cambio actual) en forma ilícita.

En tanto, la investigación del Lava Jato amenaza también al actual presidente, Michel Temer, acusado de haber negociado un soborno a cambio de medidas favorables a la empresa de la alimentación JBS, e investigado por presunta tentativa de comprar el silencio de un ex diputado preso. Recordemos que Temer asumió sucediendo a Dilma Roussef, presidenta removida de su cargo por el Congreso brasileño, acusada de manipular cuentas públicas.

El caso Odebrecht se irradia a las demás capitales latinoamericanas y salpica a diestra y siniestra. En Perú fue detenido el ex presidente Ollanta Humala con su esposa, por delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Es otro de los tentáculos de la constructora brasileña que financió campañas presidenciales, obras públicas y carreras políticas y hoy se encuentra en la picota. Otro exmandatario peruano, Alejandro Toledo, permanece prófugo -huyó a los EE. UU.- acusado de recibir sobornos. Las mismas imputaciones alcanzan al presidente colombiano Juan Maniuel Santos, al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y a altos funcionarios del gobierno venezolano.

Hace 500 años, Maquiavelo definió en su libro El Príncipe los dos atributos que debía tener un gobernante republicano: virtud y fortuna. Aquí hemos tenido poco de eso. Más bien abundancia de vicios e infortunios, acciones desafortunadas, venalidades y delitos de lesa democracia. Sólo poderes independientes y una Justicia que actúe con equilibrio y sin oportunismo pueden ir encaminando el cúmulo de investigaciones, denuncias, presunciones y dolos probados por la senda de su esclarecimiento y sanción penal. Sin impunidad y sin ocultamientos, más allá de las “campañas sucias”, las teorías conspirativas y los fuegos -y juegos- de artificio.


Fuente: Últimas Noticias – Río Negro

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