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Colombia debate el futuro de su democracia

Por Atilio Molteni Embajador

 

Colombia es otro de los países de América Latina en el que, como antes ocurriera con Chile y Ecuador, las mayorías populares salieron a la calle a expresar gran insatisfacción por la displicencia que atribuyen al Gobierno y a la dirigencia política, tanto por la falta de justicia como por la completa desatención de los problemas vinculados con la inequidad y la exclusión social. Con el agregado de que tal cuestionamiento traspasó los umbrales del enfoque coyuntural, para internarse en el replanteo del papel de las instituciones de la democracia.

 

Tan impreciso conflicto reduce los tiempos para definir y zanjar las relaciones de los manifestantes con la dirigencia en todos sus estamentos. En semejante tinglado adquieren protagonismo los principios fundamentales que deben regir el destino de sus sociedades y el pésimo reparto de los beneficios del desarrollo económico, argumentos que adquieren mayor volatilidad por la manifiesta impopularidad del gobierno.

 

Prueba de ello es que el pasado 21 de noviembre, los noticieros colombianos informaron sobre el arribo de movilizaciones populares en varias ciudades neurálgicas, un tembladeral que continuaba al redactarse esta columna (y que empezó, como cabeza de playa, con varias protestas estudiantiles). En cada una de las referidas naciones andinas fue posible detectar el principio, no así los orígenes reales ni los vectores de la lucha final.

 

Pero la situación de Colombia exhibe rasgos diferenciales. La historia del país es más dramática no sólo por su cambiante geografía, la diversidad étnica y una inesperada organización del liderazgo de las protestas, el que recae sobre un Comité Nacional del Paro del que participan sectores sindicales, estudiantiles e indígenas que exploran e intentan un cambio sustantivo del enfoque que exhibe la gestión del presidente Iván Duque, sino que se sustenta en diversas exigencias de reforma. Los manifestantes tienen proyectos de reforma laboral, impositiva y previsional, así como medidas específicas de carácter medioambiental (hasta ahí los planteos llevan una agenda que incluye el mismo temario que patrocinan la OCDE y el FMI) y la implementación del proceso de paz, motivo por el que salieron a la palestra con un programa de 13 puntos. El otro aspecto distintivo es que las manifestaciones comenzaron en forma pacífica en Bogotá y rápidamente derraparon en intensos enfrentamientos con las fuerzas antimotines del Gobierno.

 

El conflicto social en Colombia no supone un hecho novedoso. Se remonta a los años ‘40 y ‘50 del siglo pasado, cuando se caracterizó por la polarización, la violencia causada por las desigualdades que sufría la clase rural sin acceso a la tierra, por el control de la vida política que venían ejerciendo los partidos de derecha (como el Liberal y el Conservador), el que después de un período de ejercicio del poder por los militares (1953-1958) se expresó con un acuerdo llamado Frente Nacional que hizo posible compartir la gestión de gobierno entre 1958 y 1974, al establecer una convivencia que tampoco permitió superar la grieta política ni resolver el flagelo de la violencia.

 

En 1964 comenzó la insurgencia de la izquierda y el marxismo nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –con alrededor de 16.000 a 20.000 combatientes– al que un año después se acopló un grupo más reducido, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre ambas organizaciones lograron controlar el 40% del territorio nacional, haciendo valer una intensísima campaña terrorista contra el Gobierno y la población. Hasta 2012 casi 220.000 colombianos perdieron la vida en tales contiendas, cifra que incluye a una amplia cuota de civiles (víctimas de asesinatos y secuestros extorsivos) y ocho millones de ciudadanos damnificados por el conflicto, incluyendo los desplazados internos (la población total del país es de 50 millones de habitantes, la tercera en importancia de América Latina).

 

En ese horizonte Colombia devino en el mayor productor mundial de cocaína, una droga que abasteció de recursos a los grupos terroristas de todos los colores políticos, sustancia que fue cultivada y procesada tanto en zonas que habían ocupado los terroristas como en áreas desmilitarizadas.

 

Al borde de convertirse en un país inviable, la clase política colombiana finalmente puso en marcha el denominado Plan Colombia bajo la conducción del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Este proyecto contempló una acción militar contra la producción de narcóticos y el contraterrorismo encuadrados en una tangible política de desarrollo sostenible. Ese paquete incluyó el respeto a los derechos humanos, la definición del concepto de seguridad regional y el público respaldo y participación de los Estados Unidos (su ayuda fue estimada en unos 10.000 millones de dólares y Washington la concibió con el objetivo de neutralizar el flujo de sustancias narcóticas a su territorio).

 

En la segunda etapa, el proyecto fue apadrinado por la presidencia de Álvaro Uribe (20022010), quien reforzó la acción de los militares colombianos, negoció la desmovilización de los grupos paramilitares de derecha (31.000 efectivos que integraban las denominadas Fuerzas de Autodefensa) y llevó adelante una estrategia llamada de Seguridad Democrática, el que consiguió éxitos visibles en el control de las actividades de la izquierda terrorista, con los que optó por el enfrentamiento, no la negociación.

 

A pesar de sus progresos, Uribe no consiguió que la Corte Suprema lo habilitara para un tercer mandato. En su reemplazo fue designado Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de su gobierno y miembro del Partido de la Unidad Nacional, de tendencia centrista (2010 y 2018), cuyas acciones militares exhibieron una campaña militar exitosa, notoria continuidad de las reformas orientadas a satisfacer las necesidades de las víctimas del conflicto interno. En agosto de 2012 Santos inició conversaciones exploratorias con las FARC, en las que intermediaron varios gobiernos extranjeros como Noruega y Cuba. Después de 50 rondas de negociación, y del fracaso de un referendo aprobatorio realizado en noviembre de 2016, el mandatario consiguió que
se aceptaran los Acuerdos de Paz en el Congreso colombiano.

 

Esos Acuerdos incluyen cinco capítulos sustantivos: el desarrollo rural y la reforma agrícola; la participación política de la FARC (se les aseguró 10 bancas en el Congreso por una década y la aplicación de una justicia reparadora con la paz como objetivo); la conclusión del conflicto mediante la desmovilización, el desarme y la reinserción de los combatientes a la sociedad (12.000 de sus efectivos, los que se desplazaron a zonas predeterminadas); soluciones para evitar el tráfico de cocaína mediante la sustitución de cosechas y un programa de justicia para las víctimas. Santos obtuvo el Premio Nobel a la Paz en 2016, lo que fue visto como una prueba de la aceptación internacional de los acuerdos.

 

Tras esa álgida etapa, en junio de 2018, Colombia realizó nuevas elecciones y, tras una segunda vuelta electoral, accedió a la presidencia Iván Duque, quien capitalizó el 54 % de los votos como resultado de un acuerdo de su Partido Conservador (de derecha) con el Partido de la Unidad Nacional de Santos, mientras el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, exintendente de Bogotá, senador y en cierta etapa miembro de la guerrilla del M-19, conseguía el 42% de los votos, hecho que da una idea de la profunda grieta sociopolítica del país.

 

Con ese telón de fondo, no resultó inesperado que en el primer año de gobierno la coalición que llevó a Duque al poder fuera protagonista de una división parlamentaria, hecho que neutralizó su eficacia legislativa. El actual mandatario fue el más joven de los que llegó a la presidencia del país. Alcanzó tal responsabilidad con poca experiencia relativa en materia de política interna, pues fue, durante años, funcionario del BID en Washington y su nivel de aprobación en estas horas no excede del 29%, mientras el de desaprobación alcanza al 70%. El Gobierno de Duque sólo se destacó por una amplia reforma fiscal, la lucha contra la corrupción y la reducción del presupuesto destinado a concretar los Acuerdos de Paz, los que abarcan un ciclo de quince años y un costo estimado de 30.000 millones de dólares.

 

Duque reeditó la política de su mentor, Alvaro Uribe (el expresidente que se opuso a los acuerdos), pues considera que sus cláusulas fundamentales son muy débiles, por lo que propuso medidas concretas para modificar la cobertura y las características del Tribunal (llamado JEP), destinado a investigar y juzgar a los miembros de la FARC y de las fuerzas armadas. Tampoco movilizó el 30% de los planes relevantes, mientras otro de sus tramos (34%) sólo registran mínimos progresos, con lo que obstaculiza de hecho los dividendos sociales de la pacificación aprobada.

 

La aludida inacción alimenta a los disidentes de la FARC, del ELN y de los grupos de derecha que continúan la lucha contra el Gobierno, a los que se atribuye la intención de preservar el negocio de la cocaína (lo que redunda en la expansión en lugar de la extinción de la zonas de cultivo), mientras los asesinatos de políticos y activistas continúan sin respiro.

 

Bajo tal perspectiva, la situación económica y social del país, ya afectada por la disminución del precio de las materias primas que exporta Colombia (como el petróleo), originó un índice de pobreza que llega al 45%. Ello se contrapone con el hecho de que el 1,2% de la población monopoliza el 52% de la tierra productiva, un problema de inequidad que se agrava por el hecho de que 1.400.000 venezolanos hallaron refugio en su territorio. La circunstancia de que Caracas y Bogotá suspendieran sus relaciones diplomáticas sólo agudizó la crisis. A ello se suma la percepción de que el presidente Nicolás Maduro colabora con el ELN y los disidentes de la FARC. Los ejercicios militares de Venezuela cerca de la frontera común incentivan distan de amortiguar la crisis.

 

Bajo estas condiciones, Colombia presenta la ideal conjunción de factores internos y externos que no permiten descartar un futuro tsunami político.

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