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Cuesta muy caro mantener pobres a los piqueteros

Por Pablo Esteban Dávila

Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, dice lo que ni el presidente ni sus ministros se atreven a decir. Ayer lo hizo de nuevo. Aseguró que “los piqueteros no laburan” y que, por tal razón, “son parte del endeudamiento”. Sus palabras fueron una especie de revancha para todos aquellos que, a lo largo del día, soportaron una especie de ofensiva piquetera en las principales ciudades del país.
El razonamiento es impecable. Los piqueteros reciben mensualmente del Estado una serie de planes sociales por no hacer nada. El argumento ético para la dádiva es que no tienen trabajo pero, en rigor, tampoco se ha comprobado que lo hayan buscado efectivamente a lo largo de todos estos años. Ser piquetero se ha vuelto una profesión que a la Argentina le cuesta caro. Cada vez más caro.
Las cifras no son transparentes y, a esta altura de la anomalía, realmente no importan mucho. Así haya una sola persona cobrando del Estado sin trabajar ya es una tragedia, especialmente cuando muchos de los que reciben este tipo de planes no tienen -como algún desinformado podría suponer- problemas físicos o incapacidades permanentes que le impidan postularse para algún empleo.
El asunto se vuelve todavía más indignante cuando se comprueba que, lejos de agradecer el esfuerzo colectivo que permite que cientos de miles vivan sin hacer nada, los beneficiarios de esta “ayuda” se empeñan en hacer un infierno la vida de quienes los mantienen con sus impuestos. Así, toda vez que el subsidio, el plan o como se denomine el estipendio que perciben comienza a no ser suficiente, las organizaciones que los representen organizan cortes de calles o manifestaciones para presionar al gobierno y obtener más recursos.
Estos cortes generan severos problemas de tránsito, grandes pérdidas de tiempo y auténticos quebrantos al comercio de las inmediaciones. Sólo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires se calcula que, a lo largo del año, hubo cuatro piquetes por día hábil. El costo económico y humano de estos atropellos es incalculable. Muchos vecinos han naturalizado el triste espectáculo de columna de nominales desocupados que han hecho del chantaje un negocio tan natural como la venta de caramelos.
Mucho ha colaborado a la preservación de esta situación el tradicional complejo de culpa argentino. Sostienen las víctimas de este sentimiento culposo que un país tan rico como el nuestro no debería tener gente pobre, por lo que el Estado debe acudir rápidamente en ayuda de los menos favorecidos. La crisis de 2001, que tan severamente golpeó las más profundas convicciones colectivas, decretó el inicio de esta irracionalidad que, lejos de retraerse con el tiempo, parece tener cada día más auge.
El gran problema del supuesto que permitió la expansión de los piqueteros es que la Argentina no es rica, al menos no al estilo de los grandes países petroleros o gasíferos. Si alguna vez lo fue es porque existió un pacto en torno a la Constitución que hizo el milagro de generar alimentos para todo el mundo sobre la base del esfuerzo combinado de argentinos y de inmigrantes. Los ideólogos del pobrismo creen que la riqueza es el estado natural del ser humano cuando, en realidad, sólo la pobreza lo es. Si no se hace nada, la pobreza es la consecuencia. Ser ricos, vivir bien, requiere una gran dosis de trabajo, perseverancia y conocimientos, condiciones que, aparentemente, no son del agrado de los que se empeñan en vivir a costa de los demás sin ningún tipo de pudor.
El fenómeno se mixtura, como no podría ser de otra manera, con diversos componentes políticos. Dirigentes de izquierda, punteros barriales, místicos anarquistas o meros mercachifles de la miseria medran de los planes y de sus beneficiarios. Han montado una enorme asociación ilícita alrededor de auténticos necesitados y de perezosos irredentos, una estructura que requiere recursos, relatos y movilizaciones periódicas para hacer de la extorsión una realidad concreta, inevitable. Debe decírselo con todas las letras: el negocio de estas organizaciones es continuar siendo lo que son ad aeternum y no redimir a los supuestos desfavorecidos de la sociedad. La realidad es que cuesta muy caro mantener pobres a los piqueteros.
Este era uno de los puntos que la administración macrista debería haber tenido en claro al momento de asumir. En 2015 existía un consenso social sobre la necesidad de desmantelar estos aparatos inmorales y parasitarios. Sin embargo, tanto el presidente como su ministra Carolina Stanley dejaron para más adelante el abordaje estructural del asunto, probablemente con la convicción de que la situación general mejoraría y que, por ello, buena parte de la gente que reclamaba por trabajo finalmente sería incorporada al mercado sin mayores inconvenientes.
Stanley, de hecho, fue ponderada como una interlocutora eficaz de los movimientos piqueteros, a los que supo contener con alguna solvencia. Pero lo que nunca quedó suficientemente claro fue a costa de que precio pudo lograrlo. Fue una funcionaria amable con dirigentes hostiles que, más o menos siempre, terminó cediendo. Lo que ayer se vivió es una prueba que los buenos modales no lograron que la hiedra terminara multiplicando sus cabezas.
Es obvio que este será otro de los puntos inconclusos que dejará Macri y que el ejército piquetero tendrá más fuerza que nunca cuando el próximo presidente jure el 10 de diciembre venidero. Ningún país tiene un problema semejante en manos. No existe otro gobierno que financie a grupos cuyo propósito es sembrar el caos ciudadano y cuya legitimidad reside en proteger a desempleados del riesgo de buscar un trabajo. Es una rareza argentina, un particularismo tan idiosincrático como el dulce de lecho o Maradona. Lejos puede estarse de sentir orgullo alguno por esta locura sin solución a la vista, gobiernen populistas o republicanos.

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