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Hebe de Bonafini

El fiscal federal Juan Zoni decidió desestimar una denuncia contra el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el diputado nacional Nicolás del Caño por la presunta incitación a la violencia por las declaraciones públicas que realizaron sobre el procesamiento y el pedido de desafuero de la ex presidente Cristina Kirchner, en la causa del memorándum con Irán y por el proyecto del Gobierno para reformar la ley previsional.

La Fiscalía entendió que en los dichos no hay delitos penales para investigar, informaron a Infobae fuentes judiciales. Zoni presentó su dictamen hace dos semanas y cuando regrese la actividad judicial –mañana termina el receso de verano- el juez federal Ariel Lijo tiene que resolver si comparte el criterio y cierra definitivamente la causa.

La denuncia fue presentada por Adrián Bastianes, un habitual denunciador en los tribunales de Comodoro Py. "Todos los ciudadanos deberíamos ya salir a la calle contra este disparate jurídico. Convoco a toda la ciudadanía a ponerse en estado de alerta porque esto es gravísimo", dijo Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, el 7 de diciembre pasado cuando el juez Claudio Bonadio dispuso los procesamientos y detenciones en la causa del memorándum con Irán.

Alberto Fernández (DyN)

"Si le hacen algo a Cristina, hoy salgamos a romper todo", dijo Bonafini. El denunciante agregó que la titular de Madres dijo que "hay que hacerla boleta" a la dirigente social Margarita Barrientos. Por su parte, Del Caño fue denunciado en el marco del debate por la reforma previsional.

Para Bastianes esas declaraciones fueron "instando a que grupos de personas realicen distintos tipos de desmanes, amenazas de levantamientos contra el gobierno, resoluciones judiciales y/o ante la posibilidad que la Sra. Cristina Fernández de Kirchner sea pasible de ser detenida".

La denuncia recayó en el juez Lijo y el fiscal Zoni, quien descartó que en sus dichos los acusados hayan cometido los delitos de amenazas, incitación a cometer delitos o incitación a la violencia.

"Del análisis de las distintas figuras delictivas escrutadas así como lo concluido por la doctrina sobre las mismas resulta claramente inadecuado considerar los dichos y circunstancias aquí denunciados como conductas delictivas merecedoras de persecución penal", sostuvo el fiscal en su dictamen del 18 de enero pasado al que accedió Infobae.

Hebe de Bonafini

"Debe analizarse muy estrictamente la caracterización de una expresión, opinión pública, protesta y /o palabra como pasible de atentar contra el orden constitucional. Diatribas y acusaciones cruzadas ligadas a las disputas ocurridas en la narrativa política de cualquier país democrático como el nuestro, ocurren a diario, por lo que resulta sumamente inquietante el pretender reprimir mediante la maquinaria penal una herramienta base de la República tal como lo es el debate", agregó el fiscal y concluyó que los delitos analizados "no fueron sancionados con el objeto de reprimir y cercenar una de las reglas básicas de la democracia, la libertad de expresión".

Así, Zoni le solicitó al juez Lijo que desestime la denuncia "por no constituir delito alguno los hechos denunciados" y que no abra una investigación penal.

Bonafini tuvo al menos otras dos denuncias por sus expresiones públicas y fueron desestimadas sin abrirse una investigación penal porque no eran delito. La primera fue en noviembre de 2011 por parte del fiscal Carlos Rívolo y del juez Lijo que rechazaron una presentación del ex presidente Eduardo Duhalde por intimidación pública y atentar contra el orden público. Bonafini había llamado "mierda" a Duhalde, "nido de ratas" al Congeso y dijo que se "alegró" por el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001.

La misma decisión tomaron a mitad del año pasado el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Marcelo Martinez De Giorgi en otra denuncia contra Bonafini por atentado contra el orden democrático. "Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de mil putas y un dictador", había dicho la titular de Madres en su discurso por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo.

El magistrado del caso señaló que "las expresiones sometidas a investigación se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión que se encuentra consagrado en nuestra constitución nacional" y desestimó la denuncia.

Bonafini está procesada por defraudación de la administración pública en la causa por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas del programa "Sueños Compartidos" de las Madres -que manejaban los hermanos Sergio y Pablo Schoklender- y este lunes la justicia comercial dispuso un procedimiento en la sede de la organización para hacer un inventario sobre los bienes en una causa por la quiebra de la entidad en la que trabajadores y proveedores reclaman por deudas. Pero la medida no se pudo realizar porque Bonafini impidió que se concretara y criticó al Gobierno.

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