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Sebastián Canale, dirigente de la UOCRA de Bahía Blanca y uno de los prófugos de la causa que investiga una asociación ilícita y delitos de extorsión en ese sindicato, fue detenido en la provincia de Neuquén, cuando aparentemente intentaba cruzar a Chile.

Según informó el ministerio de Seguridad en un comunicado, Canale fue capturado cerca del cruce Pino Hachado en un operativo realizado por efectivos de la Gendarmería y está detenido en la comisaría de Zapala. Ahora, solo quedan dos prófugos en el marco de la investigación a cargo del Juzgado Federal de Bahía Blanca.

El jueves pasado, once sindicalistas del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca, entre ellos su secretario general, fueron detenidos acusados de asociación ilícita y extorsión. Por orden del fiscal Gustavo Zorzano, efectivos de la Policía Bonaerense, realizaron 19 allanamientos en simultáneo.

Entre los detenidos está Humberto Monteros, titular del gremio bahiense, quien fue apresado en su casa en la localidad de Monte Hermoso, donde se hallaron más de $5 millones y USD 130 mil en bolsas y cajas, además de drogas, armas y una máquina de contar dinero.

Los efectivos de la bonaerense ingresaron en horas de la madrugada a la vivienda de Monteros, y también allanaron la sede de la UOCRA de Bahía Blanca, la delegación de Coronel Suárez y los domicilios particulares de los dirigentes, así como también en las empresas "Aqua servicios integrados baños", "SGT" y "Flor de Lirio", donde secuestraron documentación de interés para la causa.

Fueron detenidos los gremialistas José Burgos (secretario adjunto del gremio), Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz.

Los sindicalistas están acusados de formar parte de una asociación ilícita que utilizaba mecanismos de "apriete" para lograr que distintas empresas afines prestaran servicios en las obras de la ciudad y se encuentran ahora implicados los delitos de "extorsiones reiteradas, coacciones agravadas, daños, amenazas y resistencia a la autoridad".

El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Dirección de Casos Especiales y se inició luego de que la Justicia tomara conocimiento, a partir de testimonios de personas perjudicadas, que los imputados en varias ocasiones habrían exigido dinero para evitar paralizar varias construcciones en la región.

Las denuncias contra los gremialistas fueron presentadas por firmas constructoras, que sostuvieron que la cúpula sindical les exigía retornos para la adjudicación de las obras, que eran paralizadas en caso de no pagar los sobornos.

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