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Docentes rechazaron la suspensión de clases en el colegio Ángel Gallardo

En representación de todos sus colegas que forman parte de la Escuela Secundaria Rionegrina 37, el docente Pablo Martínez señaló que “la idea nuestra, en el contexto de las reiteradas amenazas que hubo, es la de manifestar nuestra opinión con respecto a lo que pasó y las medidas que se tomaron. Lo que convenimos hacer es escribir un breve comunicado, consensuado entre todos, para poder hacerlo público y que llegue a toda la sociedad”.

EL COMUNICADO

El colectivo docente de la Escuela Secundaria Rionegrina N°37 “Angel Gallardo”, integrado por más de 60 profesores y profesoras, desea expresar a la comunidad su preocupación y rechazo a la suspensión de clases adoptada en forma abrupta e inconsulta por el Ministerio de Educación de Río Negro ante las reiteradas amenazas de bomba. Tal vez redundamos en expresiones que ya escucharon del cuerpo directivo, la Unter y el Centro de Estudiantes. Pero consideramos ineludible fijar nuestra posición como educadores.

Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar el derecho a la educación. También generar las condiciones a estudiantes y docentes para un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje. El Ministerio de Educación, al decidir la suspensión, violentó ese derecho, premió a los que no querían concurrir a clases, sentó un peligroso antecedente y dejó un pésimo mensaje a los estudiantes: Los problemas se resuelven sin esfuerzo tomando el camino más corto. Terminar con las amenazas de bomba cerrando anticipadamente el ciclo lectivo no es más que el reflejo del fracaso de una cadena de responsabilidades, tanto de seguridad como del Poder Judicial y Educación.

Resulta inexplicable que en el Siglo 21 y con alto nivel de desarrollo tecnológico actual, las autoridades demoren tanto tiempo en dar con los responsables. Y es inevitable preguntarnos si los tiempos no hubieron más exiguos si las 17 amenazas que recibimos ocurrían en el edificio del Poder Judicial. ¿Alguien se imagina que cierren el Aeropuerto o el cerro Catedral antes de que termine la temporada por amenazas de bomba? Entonces, cómo podemos permitir o naturalizar esta decisión. O acaso el derecho a transitar libremente y la recreación es superior al derecho a la educación.

Actualmente estamos dando clases a los cursos de quinto año en un gimnasio pese a no tener garantizadas las condiciones laborales adecuadas, entendiendo el contexto y la importancia de que los estudiantes puedan culminar el ciclo lectivo. Como colectivo docente nos abstuvimos de impulsar un reclamo laboral. No queremos dejar de agradecer al personal de Protección civil, bomberos voluntarios, trabajadores de la salud y demás organismos que intervinieron ante cada amenaza para resguardad la integridad de todos. Vemos con gran preocupación que deba asignarse en vano todo ese equipamiento y recurso humano limitando la capacidad de respuesta ante una contingencia real que pudiera ocurrir en ese momento. 

Enseñar es nuestra tarea. Y la estamos cumpliendo. Sólo exigimos que cada parte asuma su responsabilidad para garantizar el derecho a la educación. 

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