Centro de Informes

El fin del instinto básico de solidaridad y de civilización

El barco de rescate español Open Arms con migrantes a bordo (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El fiscal de Agrigento Luigi Patronaggio puso fin a la tragedia de varios días a la que se enfrentaron los rescatados y la tripulación del barco español por el cierre de los puertos italianos. La investigación no solo decretó el desembarco de las personas sino que además avanzó con una ampliación de una causa judicial contra las autoridades peninsulares , por el posible secuestro de personas y el delito de omisión del deber.

No obstante la resolución legal, la reciente orden de prohibición de ingreso del barco Opens Arms a la isla de Lampedussa plantea un escenario atestado de restricciones y prohibiciones a los movimientos migratorios en el Mediterráneo. Hasta hace pocos días el buque de la organización española se dirigía a la isla italiana, luego que la justicia italiana le permitiera ingresar en aguas territoriales y se haya cancelado legalmente la prohibición del Ministerio del interior italiano que encabeza, Mateo Salvini.

En las últimas semanas el navío había permanecido en aguas jurisdiccionales pero sin desembarcar, ya que la autorización para que las personas rescatadas y la tripulación pudieran pisar tierra le correspondía al ejecutivo italiano. Hasta ese momento el barco estaba muy cercano a la isla y permanecía bloqueado por orden del gobernó italiano. Como antecedente – en el año 2018- el gobierno derechista mantuvo durante más de cinco días a migrantes frente a las cosas de Catania, una acción que le valió la apertura de una causa judicial.

Aún así Salvini no recibió juicio alguno por estos hechos, ya que su máximo aliado gubernamental, el Movimiento Cinco Estrellas, impidió que se levantara su inmunidad política, protegiéndolo en todos los planos. La situación recién pudo resolverse con una espera de más de dos semanas en aguas internacionales para esperar que algún país de Europa los reciba. Así pudieron romper el cerco y veto legal que el ministro hizo a través de una ley antinmigración que tiene como eje severas multas a las ONG que ingresan a las aguas italianas.

A diferencia de otras crisis como la centroamericana, donde los Estados Unidos están imponiendo una férrea política antinmigrante, el caso europeo tiene causas distintas. La política migratoria de Europa no solo es restrictiva, hostil y xenófoba sino que no tiene acuerdos básicos generales de consenso entre sus países, no obstante la existencia de legislación comunitaria. La crisis ha demostrado como la UE carece totalmente de una política de migración y asilo conjunta en el plano de fronteras comunes. Este verdadero resquebrajamiento los ubica en una posición difícil para llegar a una solución europea; la la más clara demostración está en la situación del Open Arms que acumuló semanas esperando puerto cerca de una isla italiana.

En un verdadero concierto de improvisaciones, donde los europeos son responsables y tienen la obligación de prestar ayuda humanitaria, cuando hay personas que están jugando la vida en el Mar Mediterráneo. Por esto se debe buscar una solución permanente, más allá de la actitud de Salvini llena de especulaciones; un dirigente que se ha reforzado según los últimos sondeos, como el político más popular de Italia; habrá que ver si ese ascenso de su liderazgo en el ala derechista le permite ir más a fondo con estas políticas.

A esta altura el reglamento de Dublín parece quedar despojado de toda autoridad, aún estableciendo que el país de llegada de un migrante debe ser el encargado de atender verificar sus derechos de asilo. Los últimos hechos parecen entrar en contradicción; la norma va camino al fracaso, teniendo como ejemplo a Grecia, que todavía mantiene a miles de personas hacinadas en condiciones infrahumanas en los centros de detención o la misma Italia como un caso similar.

Es entonces que la crisis de los refugiados pone en evidencia las deficiencias del sistema de Dublín. Así ya en agosto de 2015, tras participar en la cumbre regional de los Balcanes sobre la crisis de los refugiados, la canciller alemana Angela Merkel afirmaba en rueda de prensa que la normativa de Dublín “no funciona” y pedía “una respuesta común para toda Europa”. Mientras que la normativa comunitaria establece que el proceso de asilo debe tramitarse en el primer país de la Unión Europea donde llegan los solicitantes, Merkel señaló que el Tribunal Europeo de Justicia así como el Tribunal Constitucional alemán impiden enviar refugiados de vuelta a Grecia. Y añadió: “¿A dónde los vamos a devolver? ¿A Hungría, a Austria, a Serbia, que ya tienen tantos o más refugiados que nosotros?”. En la misma cumbre el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, expresaba la necesidad de reformar la normativa de Dublín “para distribuir de forma justa los refugiados dentro de la UE”.

Su existencia entonces solo puede entenderse por un equilibrio precario de fuerzas entre países con situaciones muy dispares e intereses a menudo contrapuestos. Mientras que unos piden un sistema integrado que reparta más equitativamente la responsabilidad, otros insisten en mantener las prerrogativas nacionales. Esta tensión no responde necesariamente a la división Oeste-Este. Si bien es cierto que países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa se han opuesto a cualquier reparto obligatorio de solicitantes de asilo, no es menos cierto que países como España, Portugal o Gran Bretaña se han mostrado también especialmente reticentes.

El sacudón estremeció la misma institución comunitaria , cuando la futura presidenta de la Comisión, la alemana Úrsula von der Leyen, reconoció en una reciente entrevista a un diario español, la disparatada situación provocada por el Reglamento de Dublín: “Debo admitir que me pregunto cómo un acuerdo tan fallido pudo llegar a firmarse”, señalaba la funcionaria.

En este contexto está muy claro que el fracaso de la reforma ha obligado a buscar soluciones alternativas, como el reparto de los refugiados caso por caso. Francia y Alemania han propuesto establecer un mecanismo de reparto entre los países que deseen participar. Pero la idea no ha prosperado por el rechazo frontal de Salvini y las reticencias de algunos socios, entre ellos España.

Si hacemos un repaso histórico para reconocer la responsabilidad europea en este escenario, recordaríamos que desde la Conferencia de Berlín de Febrero de 1885, convocada por el canciller Von Bismarck a instancias del Reino Unido y Francia, se acordó el reparto de África entre las distinta potencia europeas, y allí se dividieron un continente de 30 millones de kilómetros cuadros habitados en aquel entonces oro 100 millones habitantes. África era un continente estratégico que tenía riquezas para aportar a todas estas potencias, recursos naturales, y un posicionamiento vital para las rutas comerciales.

Por eso esta crisis tiene raíz directa en la política colonial de potencias que son las mismas que ahora le dan la espalda y aplican estrategias xenófobas. Un problema europeo y como tal debe asumir total compromiso. Hoy, Países como Turquía, Libia, Malí y Sudán están siendo utilizados como “guardias penitenciarios” para evitar las barreras políticas que imponen la salvaguardia de los derechos humanos en el interior de la UE. Con la excusa de la “crisis de refugiados” también están proliferando en su interior zonas de relativa suspensión de los derechos de los mismos refugiados.

No puede ser ajeno a este análisis, el rol de la política y la irrupción de las fuerzas de derecha como tema central de la dimensión global del problema. A esta altura ya no caben dudas que en el Mediterráneo la ultraderecha está en plena campaña y aviva el discurso del racismo. O el caso del auge económico que ha tenido Alemania , que en forma simultánea da lugar a que un partido de extrema derecha, haya logrado convertirse en la principal oposición legislativa federal, con presencia también en todas las legislaturas estatales, y que esas fuerza busquen quedar en primer lugar en las elecciones en estados del este alemán, que antiguamente era comunista.

En la frontera sudeste el líder Orbán , ha declarado varias veces que en Europa hay dos bandos: el dominante de los que “apoyan la inmigración” —encabezados por Macron— y el de los que creen que “es posible pararla”. Aquí es donde entra el eje neofascista con Salvini, que incluiría también a los países del Cuarteto de Visegrado —Hungría junto con República Checa, Eslovaquia y Polonia—. A ellos se ha sumado recientemente Sebastian Kurz —que cierra mezquitas—, que gobierna Austria en coalición con la extrema derecha.

Por esto la crisis migratoria es parte de un proceso de construcción socio-político que ha posibilitado erigirse como un problema principal que precipitó la llegada de sectores fascistas. Resulta grave que se avance sobre la supresión de las garantías y derechos más elementales, que quedan al margen del derecho. Han paso cuatro años de la llegada masiva de refugiados a Europa desde Siria en el año 2015. En ese entonces, comenzó a expandirse el discurso de la ultraderecha dentro de los dirigentes más extremistas de la UE, para avanzar contra el estado de derecho.

Ahora, sin pausa estamos viendo como estas oleadas de migrantes se dirigen directamente a Europa, ante la imposibilidad de ir por otros los canales y utilizan vías que tradicionalmente se han utilizado para las migraciones irregulares para cursar el Mediterráneo. La desestabilización de la región por la guerra civil que atraviesa Libia y Siria sigue generando una oleada y flujo migratorio sin control.

Resulta entonces que la frontera mediterránea está lejos de ser el encuentro entre estos dos mundos, porque es donde la UE ha aplicado una lógica represiva de control fronterizo e intercepción de flujos. Donde coexisten posturas irreductibles de gobiernos europeos mediterráneos que plantean una verdadera obsesión. Tienen una apuesta a una estrategia velada de externalizar el control de sus fronteras y la seguridad en países que son ajenos a su territorio, que son aliados y que actúan de manera como si los refugiados pretendieran asentarse en sus propios territorios.

Europa sabe que no es posible abordar la crisis actual de los refugiados sin una verdadera política común; entonces prefiere una política a todas luces inútil pero que mantiene intactas las prerrogativas y nacionales. Aunque se sabe que las deportaciones nunca serán la solución, se sigue insistiendo en la necesidad del retorno con el objetivo de mostrarse “duro” y complacer así a una parte del electorado. Sin embargo, empecinarse en una política que no funciona tiene un precio muy alto: por un lado, Europa no responde a sus obligaciones más básicas (no sólo legales sino morales) con los solicitantes de asilo; por otro, con su falta de respuesta, Europa justifica y alimenta las posiciones cada vez más ultranacionalistas y xenófobas.

El autor es director de SOS Discriminación y especialista en temas migratorios

Seguinos y Contactanos

Tus comentarios son fudamentales, intentamos permanentemente mejorar tu experiencia en el sitio.