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Justicia Legítima, espada de la “Conadep del periodismo”

Por María del Pilar Viqueira

A principios de marzo, con la confirmación del procesamiento del ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por encubrir, en 2012, la operatoria irregular de empresas de Lázaro Báez obstaculizando procesos de fiscalización, el derrotero del federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el Judicial quedó en la mira; en especial, por su pertenencia a Justicia Legítima, cuyas filas se nutren de funcionarios que, durante años, tuvieron escaso o nulo interés por las denuncias vinculadas a la obra pública trucha.
Cabe citar la indiferencia del ex número uno de la Procelac, el cordobés Carlos Gonella, por investigar a Báez en el tramo inicial de “la ruta del dinero K” (que le costó uno de los procesamientos que pesan en su contra), o la parsimonia de Sebastián Casanello para activar la instrucción.
Hace siete años, Echegaray -quien ayer se definió como un “muerto civil” en el debate por “Oil Combustibles”, por presunta defraudación del Estado, siguiendo la narrativa de la “persecución política”- cerró la oficina del Fisco en Bahía Blanca y trasladó personal cuando los movimientos de las firmas de Báez empezaron a generar alertas de lavado.
En 2015 se intentó activar la pesquisa, pero antes de la feria de ese año un subrogante llegó a la ciudad costera y la paralizó: era un tal Ramos Padilla.
El funcionario que lleva la denuncia en contra de Carlos Stornelli, uno de los fiscales del caso “cuadernos de las coimas”, por presunta extorsión, fue designado por el Consejo de la Magistratura, controlado por el kirchnerismo, para reemplazar a Ulpiano Martínez, quien poco antes de ser desplazado dispuso medidas de prueba en las actuaciones por facturas apócrifas, antecedente de la causa por lavado que llevó al patagónico primero a la cárcel y luego al banquillo.
Tras la renuncia de Ramos Padilla a la subrogancia, en diciembre de 2015, para volver al puesto que ocupaba desde 2011 en Dolores, los suplentes que lo relevaron tampoco aceleraron la investigación. Recién con la llegada de Walter López Da Silva a la sede, en noviembre de 2017, se registraron avances.
A las sospechas sobre el rol de Ramos Padilla en el juzgado bahiense durante el semestre final de la gestión del Frente para la Victoria se suman a denuncias por abuso de autoridad y amenazas.
Los empleados del tribunal testificaron en un sumario iniciado por el propio funcionario, quien apenas tomó el cargo alegó que encontró desorden y anomalías.
En noviembre de 2018, el actual juez cerró el expediente administrativo pero pidió que se indagara la posible comisión de ilícitos, por declaraciones de dependientes que calificaron el interinato de Ramos Padilla como “intimidatorio” y “de intervención política”.
Esta semana, Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro por presunta tentativa de coacción y extorsión, en el marco de la trama D’Alesio, por supuestos actos de espionaje ilegal y chantaje en causas judiciales.
Tres entidades periodísticas ya tomaron posición. Se trata del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y de la Academia Nacional de Periodismo.
Fopea advirtió sobre la gravedad institucional de la medida y la definió como “una clara criminalización de la labor periodística”.
“En el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente o el intercambio de mensajes con una fuente informativa no son indicios de ninguna comisión de delito”, indicó.
En otro comunicado, Adepa propició el revocamiento del procesamiento y reclamó que “prime la sana doctrina que consagra a la libertad de prensa como institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y republicano”, estimando que lo contrario sentaría un grave precedente.
“Una libertad de prensa debilitada puede constituir el primer paso en el peligroso camino”, alertó.
Para Adepa, “la difusión indiscriminada de mensajes privados, muchos de ellos sin interés específico o al solo efecto de intentar mostrar un vínculo que Santoro no negó, debilita el valor de esa herramienta esencial para la transparencia”.
Por su parte, la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodismo también expresó su preocupación por la situación procesal de Santoro y aseguró que violenta el principio básico de la profesión; es decir, el libre acceso a toda fuente y la preservación de su identidad.
Santoro también habló y manifestó que Ramos Padilla lo procesó sin ejecutar ninguna de las veinte medidas de prueba que pidió para defenderse.
“Es la primera vez en la historia judicial argentina que se procesa a un periodista por lo que hacen sus fuentes”, declaró. “Cuando Horacio Verbitsky reveló que el hermano del presidente había blanqueado plata con el último blanqueo fiscal, el juez de la causa procesó a la empresa privada que había obtenido los datos y a los funcionarios de la Afip que los habían filtrado, no procesó a Verbitsky”, ejemplificó.
“Me procesa por partícipe primario de la supuesta extorsión a Mario Cifuentes, que es el dueño de la empresa OPS de Neuquén, un empresario como Lázaro Báez de la nada pasó a facturar en forma multimillonaria a YPF y a Vialidad Nacional”, añadió.
Cinco días antes de las paso, Ramos Padilla concluyó que Santoro estaba al tanto de las tentativas de extorsión que llevaba adelante el falso abogado Marcelo D’Alessio. Le dio un motivo de festejo al sector político interesado e involucrado en esas actuaciones y letra la Coalición Cívica (CC), que sindicó al magistrado de Dolores como partícipe de una maniobra orquestada por ex funcionarios del anterior gobierno alojados en Ezeiza, para empantanar el caso “cuadernos”.

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