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La Corte Penal Internacional (CPI) inició un examen preliminar sobre posibles crímenes cometidos en Venezuela en el contexto de las manifestaciones y disturbios políticos de 2017, un paso que saludaron la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención”, señaló en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. “También se informó de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade la fiscal del organismo con sede en La Haya.

Este procedimiento no supone la apertura de una investigación oficial, algo sobre lo que la fiscalía decidirá más adelante. La CPI investiga crímenes de guerra y contra la humanidad y casos de genocidio.

“Saludamos el inicio de un examen preliminar en la @IntlCrimCourt sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en #Venezuela, tal como lo denuncié ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando consigné más de 1.690 pruebas que sustentan el caso”, tuiteó la ex fiscal general venezolana. Ortega fue destituida en agosto pasado por la Asamblea Constituyente. El gobierno la acusa de traición después de que declarase como ruptura del orden Constitucional las dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en marzo de 2017 que despojaron al Congreso de sus atribuciones y que fue la chispa de cuatro meses de protestas contra el gobierno, que dejaron más de 100 muertos.

“Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”, escribió por su parte Almagro en Twitter. Por iniciativa de Almagro, en la Organización de los Estados Americanos (OEA) se celebraron en los pasados meses varias audiencias públicas presididas por juristas reconocidos para analizar si existe base para llevar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad.

En tanto, Colombia anunció ayer que aumentará los controles migratorios y de seguridad en la frontera con Venezuela ante la oleada de migrantes que han llegado en los últimos meses huyendo de la crisis en su país, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

Las nuevas medidas incluyen el envío de 2.120 nuevos miembros de la fuerza pública para que custodien los 2.200 kilómetros que comparten ambas naciones.

Vamos a “poner más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos, que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y algo muy importante, dentro de la legalidad”, declaró el mandatario.

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