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Massa, dubitativo “garante” de la independencia judicial

Alberto Fernández se encargó de exteriorizar la agenda del kirchnerismo para la Justicia antes de ser ungido como precandidato presidencial del Frente de Todos.

Lo hizo horas antes de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara que lo secundaria en la fórmula, a mediados de mayo.

En esa oportunidad, animado por la primera lectura que se le dio al confuso fallo de la Corte que pareció implicar que el juicio en contra de la ex mandataria por irregularidades en la concesión de obra pública iba a postergarse, el por entonces asesor político y editorial de la actual senadora afirmó que algunos jueces iban a tener que rendir cuentas por “las barrabasadas que escribieron”.

Hasta ese momento, la corporación judicial había guardado silencio, pese a que el “ala intelectual” del kirchnerismo ya había blanqueado su plan para reeditar la fallida democratización de la Justicia, con esteroides: supresión del Judicial como poder independiente y redacción de una nueva Constitución Nacional para someterla a referéndum.

El “si pasa, pasa” intentado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton no funcionó: las críticas y la desmesura de parte de la oposición llevaron a los ministros a recordar que debían aclarar que el debate seguiría porque era innecesario sacar copias de un expediente digitalizado.

En ese contexto, la  Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se despabiló y emitió un comunicado cuestionando los dichos de Alberto Fernández.

El grupo se dio cuenta de que “en tono descalificante y en forma amenazante” aseguró que varios magistrados federales de diferentes instancias serían “puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales”.

En tanto, advirtió que ese tipo de expresiones son impropias en un Estado de Derecho, que pretenden introducir consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria en el funcionamiento de la Justicia y que contaban con el agravante de haber sido proferidas por un abogado y ex funcionario “de altísimo rango”.

Un mes después, ya con Alberto Fernández encabezando el binomio de la fuerza de sus amores,  Eugenio Zaffaroni -asesor particular de la segunda Fernández pese a integrar la CIDH y partidario, también, de diseñar otra carta magna desde cero- opinó sobre la situación procesal de decenas de ex funcionarios kirchneristas detenidos, a quienes definió  como “presos políticos”.

Bajo esa premisa, planteó la necesidad de que el Congreso sancione una ley de revisión de los expedientes que los involucran.

“Llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial”, espetó.

A las declaraciones del gurú del abolicionismo se sumaron nuevas expresiones de Alberto Fernández, quien clarificó el alcance de sus dichos.  “Si la pregunta es si Alberto Fernández tiene vocación de venganza sobre los jueces, la respuesta es que no: no vengo a vengarme de nadie, pero vengo a hacer la República que ellos declaman, pero todos los días humillan”, propaló.

“Si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar”, acotó el promocionado moderado.

Semejantes consideraciones encendieron las alarmas del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien al hablar en las XXV jornadas Científicas de la Magistratura aseguró que se trata de propuestas inconstitucionales, antirepublicanas y “profundamente irrazonables”.

Aunque no nombró a los voceros y probables arquitectos de las reformas que podrían implementarse si el kirchnerismo vuelve al poder,  fue terminante y dijo que se trata de postulados van en contra de nuestra historia y del desarrollo de las instituciones del país.

En tanto, como en otras oportunidades, cuestionó la noción de que los jueces son o deben ser militantes.

“La democracia constitucional y republicana exige distinguir entre entre aplicar el derecho y hacer política”, enfatizó.

Además, argumentó que como aquel ideario no hace una diferencia entre juzgar y politiquear se formula una proposición “extrema y radicalizada” como es prescindir del Judicial y reemplazarlo por órganos de representación popular.

El discurso de Rosenkrantz coincidió con la visión del ministro Germán Garavano,  quien luego de que Mempo Giardinelli detallara los puntos centrales de la iniciativa de “nueva Constitución” de El Manifiesto Argentino le atribuyó a la tropa del Frente de Todos la intención de buscar poder hegemónico en un eventual próximo mandato.

 

Elecciones

El resultado de las elecciones del domingo refleja que buena parte de la ciudadanía no registró  ni los riesgos inherentes a que se imponga un modelo judicial de corte chavista ni el peligro que representan posiciones beligerantes con la prensa o la diversidad de pensamiento en el ámbito académico.

El lunes, en una entrevista televisiva, un dubitativo Sergio Massa hizo poco por despejar las dudas que plantean los discursos de sus nuevos aliados.

Consultado por el periodista Alejandro Fantino sobre el panorama que podrían enfrentar la Justicia si Alberto Fernández es el próximo presidente, no quiso o no pudo asegurar que el eventual triunfo del ex jefe de Gabinete no pueda significar un avance sobre la independencia del  Judicial.

Así, se limitó a afirmar que cuando el Frente Renovador se sumó al proyecto del Frente de Todos presentó un listado de asuntos vinculados a principios republicanos elementales que sus compañeros deberían respetar -entre ellos, el tema de la Justicia- y aseguró que el espacio que encabeza será  “garante” de que el Ejecutivo no avance sobre el Judicial.

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