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Policías federales vestidos de civil, con un exhorto del juez Claudio Bonadio, retiraron ayer documentación vinculada a los contratos por dos planes de viviendas del programa Techo Digno en Bariloche, que fueron firmados por la gestión de María Eugenia Martini y están siendo investigados por el presunto desvío a cuentas corrientes.

Lo mismo sucedió en los municipios de Jacobacci y Sierra Grande, desde donde los uniformados se llevaron documentación.

Ayer cerca de las 11, dos camionetas de la Policía Federal sin identificación de la fuerza, llegaron a la municipalidad de Bariloche con agentes vestidos de civil y el secretario del Juzgado Federal de Bariloche, que presentó un exhorto del juez federal Claudio Bonadío con una solicitud de documentación específica vinculada al programa Techo Digno, según confirmó el intendente Gustavo Gennuso.

El plan Techo Digno ejecutaba en la ciudad dos planes de 496 y 375 viviendas y se investiga el destino de 75 millones de pesos de la cuenta de fondos específicos que fueron derivados a cuentas corrientes de la municipalidad para el pago de salarios durante la gestión de María Eugenia Martini.

Natacha Vázquez, asesora letrada municipal señaló a “Río Negro” que se les entregó a los agentes federales los contratos del plan Techo Digno firmados en diciembre de 2013 por Martini y documentación del expediente, además de estados contables, que fueron retirados del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y del área de Contaduría de la municipalidad, que funciona en el edificio anexo de la calle Mitre.

El caso del desvío de fondos fue denunciado por el intendente Gennuso a pocos días de asumir en el gobierno, en diciembre de 2015, y esa demanda tuvo una prolongada investigación por parte del Tribunal de Contralor que concluyó derivando la causa a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción por la presunta malversación de fondos públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

En Sierra Grande también una orden de la justicia federal de Viedma ordenó el allanamiento de la oficinas municipales para llevar toda la documentación referida al programa Techo Digno. El intendente Nelson Iribarren confirmó que los efectivos policiales requirieron toda la información que se encontraba en las oficinas de Hacienda y el mismo despacho del Poder Ejecutivo.

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