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Claudio Alberto Pérez, alias “El Cabezón”.

Si las acusaciones en su contra son ciertas, si un juez de primera instancia las toma como ciertas para condenarlo y una serie de camaristas luego concuerdan y ratifican, Claudio Alberto Pérez, alias "El Cabezón", oriundo de la villa El Pantano de Monte Grande, pasará a la historia como el narcotraficante bonaerense más exitoso desde "Mameluco" Villalba.

Se trata, básicamente, del mismo esquema: tomar un territorio y comenzar a facturar. Así como Villalba controló con su clan familiar la venta de cocaína de la villa 18 de Septiembre en San Martín, Pérez -de 49 años de edad, monotributista categoría G, exitoso vendedor de autos según él mismo, petiso de estatura, con el cuerpo atravesado por tatuajes de dudosa calidad y varias cicatrices- hizo lo propio según las históricas imputaciones en su contra con su propio barrio, una zona baja llamada así por su facilidad para inundarse, con un negocio a base de pasta base comprada a 60 mil pesos el kilo en la villa Zavaleta y con cocaína altamente estirada, "pésima merca", dice una voz policial, con kioskos narco rodeados de plazas donde juegan niños, de centros comunitarios, de escuelas e iglesias evangélicas.

"El Cabezón" ciertamente tuvo mucha menos fama que Villalba, menos prensa, menos flash, fue menos grandilocuente y no se postuló a intendente tal como "Mameluco", trabajó con silbidos más bajos, pero también con mucho, mucho dinero y con una vida al menos curiosa en su casa de Monte Grande de dos plantas con pileta olímpica de 25 metros de largo y trampolín, amurallada y rodeada de cámaras, entre caniles de perros de raza, de la que rara vez salía.

Voces cercanas a él lo definieron a lo largo del tiempo como "un tipo de suerte extraordinaria", capaz de visitar casinos con su mujer, Mariela Jara, alias "La Tuta" y llevarse una pequeña fortuna, él detrás de la ruleta, ella, en las máquinas tragamonedas. Hubo episodios desagradables a lo largo del tiempo. El 15 de diciembre de 2015, Pérez recibió un llamado en su teléfono de línea: un extraño le anunció que había raptado a la mujer de Pérez, Mariela Jara, alias "La Tuta", y a sus dos hijos a la salida de la escuela. Se trató de un golpe comando con tres delincuentes fuertemente armados a bordo de dos vehículos, una Ford Ecosport y un Chevrolet Astra negro.

Los tatuajes y cicatrices en el cuerpo de Pérez.

Pérez comenzó a gritar al enterarse, irritado; el secuestrador cortó la comunicación. Quizás sospechando una mexicaneada, una suerte de secuestro virtual, "El Cabezón" llamó al colegio al que asistían sus hijos: allí le informaron que no habían llegado. Llamó a quien es su abogado hasta hoy, Carlos Broitman, defensor de imputados de peso como, por ejemplo, Ibar Esteban Pérez Corradi y el sindicalista Omar "Caballo" Suárez, para avisarle del secuestro; Broitman se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora para denunciar el hecho poco después.

El secuestro claramente no fue al voleo: el calibre de las víctimas y el despliegue táctico del ataque hablaban de una inteligencia previa. "Los secuestradores tenían handys y chalecos de la Policía Federal: sabían muy bien a quién se llevaban", aseguró una voz policial. El secuestrador que llamó a la casa de Pérez fue al menos ambicioso. Según el "Cabezón", la voz del otro lado del teléfono le pidió $15 millones. El rescate fue de apenas $77 mil, unas cadenas de oro y dos relojes baratos, una pequeña miseria en comparación con los $15 millones. Rubén Alvarado, un ex sargento de la Policía Federal, fue enviado a juicio por el hecho a fines del año pasado: una pericia de voz hecha por la PFA misma fue la prueba que lo incriminó.

Hubo al menos un muerto en el camino. A fines de agosto de 2015, Esteban Luna, un hombre oriundo también de Monte Grande, fue asesinado a tiros mientras llevaba a su hija al colegio Inti Huasi en Esteban Echeverría, a bordo de su Volkswagen Gol blanco. Antes de llegar al colegio, dos delincuentes que iban a bordo de una moto lo interceptaron y sin decirle nada le efectuaron varios disparos para huir sin robarle.

Sin robo de por medio, la muerte de Luna, alias "Lunita", parecía un obvio ajuste de cuentas. El hecho quedó a cargo del fiscal Juan José Vaello, titular de la UFI descentralizada en Esteban Echeverría, Departamento Judicial Lomas de Zamora. Quién tenía una cuenta para ajustar era el principal interrogante. La histórica sospecha de la Policía Bonaerense era que Luna se habría atrevido a vender droga en el territorio de Pérez.

También hubo suerte para "El Cabezón", una suerte al menos paradójica. La Policía Bonaerense ya lo había detenido en 2013: la causa se cayó por un supuesto error de procedimiento policial. Pérez, efectivamente, estuvo preso un tiempo; su información comercial muestra empleos carcelarios en el Servicio Penitenciario Federal entre fines de 2013 y comienzos de 2014, sus únicas constancias de trabajo en blanco hasta la fecha.

Hoy, "El Cabezón" está preso de vuelta en el penal de Marcos Paz, aunque no trabaja. Fue detenido a comienzos de diciembre de 2016 en un operativo de 39 allanamientos realizado por la delegación Lomas de Zamora de la división Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, que actuó bajo las directivas del Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora a cargo del doctor Patricio Santamarina y el secretario Augusto Peloso junto al fiscal Leonel Gómez Barbella.

Antes de ser arrestado, Pérez fue investigado durante más de un año, con más de 25 líneas intervenidas. Otros 15 presuntos miembros de su banda cayeron junto a él, incluida su mujer -hoy con prisión domiciliaria por ser madre de un pequeño niño-, su cuñado Adrián Eduardo Jara, "El Pichi", y Mario Daniel Pérez hermano mayor de "El Cabezón", en una larga lista de presuntos transas y pistoleros.

Se encontró droga en nueve puntos allanados en Monte Grande, incluida la casa del "Cabezón", con poco más de medio kilo de cocaína dividido en 1600 bolsas dentro de un secarropa. Se incautaron más de 10 mil dósis de cocaína todo el operativo. En la causano solo participó Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora: intervino también la división Georadar de Gendarmería, la Dirección de Planificación Penal de la AFIP, la división Operaciones Federales de la PFA así como la Unidad de Información Financiera.

Esta semana, el fiscal Gómez Barbella elevó a juicio a la banda a poco más de un año de la detención de Pérez. Las imputaciones: narcotráfico y lavado.

Las escuchas telefónicas y mensajes captados ocupan casi cien páginas de la elevación presentada por Gómez Barbella a la Justicia: la venta de droga se vuelve evidente en un aceitado sistema de turnos y recambios, con presunto lenguaje en código que salpica a Pérez mismo. El hermano de Pérez es increpado por la madre de uno de sus presuntos dealers: "Matias está vendiendo, yo lo voy a terminar echando, hoy tiene psicólogo a la 1, fíjate y mandale mensaje."

Las escuchas también revelaron posibles datos sobre la muerte de Esteban Luna. "Viste que lo hicieron fiambre al Lunita", asegura un interlocutor. El hermano mayor de Pérez recibió un mensaje de texto enviado por un tal Yiyo que aseguraba: "El Pichi y El Muerto lo mataron." Dos de los acusados fueron vistos en un seguimiento policial repartiendo bolsos a diferentes vendedores en la villa El Pantano según un procedimiento policial, en una larga lista de movimientos sospechosos. Sin embargo, la causa no solo se trata de vender bolsas de polvo en una villa del Conurbano.

Pérez, en foto policial.

La banda tenía la costumbre de mirar por detrás del hombro. Montar un seguimiento largo se volvía imposible. "Total estado de alerta ante cualquier presencia inusual", aseveró un informe policial. Pérez y su banda tenían el hábito de mirar por detrás del hombro, más allá de cámaras y perros. "Anda Gendarmería caminando", "ahí adentro del Pantano", "con perros, camión, todo hay", "cagó 'el Dani'", se advertían dos supuestos dealers entre ellos. "Lo saco al 'Meca' porque está lleno de 'gorra'", aseguró el hermano mayor de Pérez en un diálogo. "Ahí está, al frente, justo ahí, un Bora gris, hay una vieja y un chabón arriba, meta mirar cómo salíamos nosotros", apuntaba una voz al salir de la casa de Pérez.

"El Cabezón" eventualmente habló ante el juez Santamarina. Reconoció ser un jugador compulsivo de ruleta en su ampliación de indagatoria, con visitas al Casino flotante en Puerto Madero, al Bingo de Adrogué, al casino del hipódromo de Palermo. Aseguró que ganó más de 3 millones de pesos entre 2014 y 2017, que controlaba unas canchas de fútbol sobre la calle Huergo en Monte Grande y que tenía también una cochera. Luego le detalló al juez su negocio de compra y venta de autos, a pesar de no integrar nominalmente ninguna sociedad de acuerdo al Boletín Oficial ni estar inscripto en el rubro automotor de la AFIP.

El juego parecía ser la gran caja. La UIF le entregó a la Justicia federal de Lomas de Zamora y al fiscal Gómez Barbella unos veinte "Reportes Sistemáticos Mensuales" provenientes del Hipódromo de Palermo, del Casino Buenos Aires y del Bingo Adrogué entre otras firmas que detallaron una serie de cobros de premios desde diciembre de 2011 hasta marzo de 2015 por un total de dos millones de pesos. Otro informe de la UIF detalló "38 operaciones de juego" entre marzo del 2014 y julio de 2016 por casi 2,8 millones. Documentación secuestrada en la casa del Cabezón reveló otras 23 operaciones por 1,6 millones. La empresa CIRSA, que controla el Casino de Buenos Aires, reportó cobros por más de tres millones. Jara, la mujer de Pérez, registró supuestas por cerca de dos millones en varias salas.

¿Fue solo suerte o una aceitada y calculada tramoya? Todo este dinero, según la elevación a juicio firmada por Gómez Barbella, tiene una explicación: "Los ingresos periódicos relacionados con este tipo de juegos de azar brindan el escenario ideal para formalizar fondos provenientes de actividades ilícitas o ilegítimas ya que al no poder corroborarse el origen de los fondos aportados y aun sin haber realizado apuestas sí reflejan el cambio de fichas o valores, es decir, pretenden otorgar justificación a dinero que ni siquiera puede provenir de apuestas, ya que puede consistir en el mero cambio de fichas", asevera el documento firmado por el fiscal. Es decir, no se trataría de hacer saltar la banca, sino de un simple tránsito de dinero. Un ticket nominal es todo lo que queda.

"Esta maniobra encuentra su sustento en que el Casino no identifica al 'comprador' de fichas, por lo cual se pueden adquirir montos muy importantes de dinero –por ejemplo yendo acompañado de varias personas a quien les haga comprar fichas-, y posteriormente, sin haber jugado ni una sola vez, ir a la ventanilla y volver a cambiar las fichas", finaliza el fisal.

Cocaína incautada en el operativo de 2016.

No todo queda en el paño verde o en el cuadriculado de la ruleta, por otra parte. La UIF, según la elevación a juicio "informó que Claudio Pérez registró inscripción en AFIP con fecha del 11 de noviembre de 2014 de la empresa Innegabile SRL" que declaró un domicilio en la avenida Beiró y una actividad principal de venta de todo tipo de autos.

Sin embargo, la empresa -a pesar de tener mínimas deudas con tres bancos hasta el día de hoy- solo presentó inscripción en Ganancias e IVA, lo que equivaldría a que la empresa no tendría empleados. Pesquisas policiales en los domicilios presentados por Innegabile demostraron que claramente no se vendía ningún auto en esos lugares. La AFIP también informó que le dio la baja de oficio a Pérez por presentar una situación irregular tras inscribirse en la categoría mínima del monotributo, "lo que representaba un promedio de ingresos mensuales de aproximadamente dos mil pesos", según la Justicia.

La plata también fue sobre ruedas. Varios vehículos fueron encontrados en el el allanamiento a la casa de Pérez: una Toyota Hilux, dos cuatriciclos, una moto Yamaha TTR 125. Por otra parte, se decomisaron autos y camionetas a nombres de terceros para los cuales Pérez y Jara tenían cédulas azules para conducir de acuerdo al Registro de la Propiedad Automotor: un antiguo Chevy restaurado, un Audi, otra Toyota Hilux, una Ford F-100, otras tres motos Honda, Kawasaki y Yamaha, otro cuatriciclo marca Yamaha, una Ford Ranger. Mario Pérez, hermano del "Cabezón", tenía en su domicilio o a su nombre una camioneta Ford Eco Sport, un Volswagen Bora y tres motos Honda y Yamaha, más otro cuatriciclo.

No existe en la causa una estimación global de cuánto dinero habría pasado por las manos de Pérez. "Se habla de unos treinta millones, poco más, poco menos", calcula un investigador, como a grandes rasgos. Pero a pesar del encierro y la chance de una dura pena a manos de un tribunal federal, el monotributo de Pérez está sorprendentemente al día: el último pago fue hecho en noviembre del año pasado.

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