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La historia de Sandra Viviana Heredia podría ser la de cualquier empleada doméstica. Trabajó desde el 2012 en relación de dependencia. Durante los primeros tres años la relación laboral no fue registrada, es decir, trabajó “en negro”. En el 2015 comenzó a cobrar “en blanco” la mitad de sus haberes. En el 2017 y hasta su despido sin causa fue designada por un contacto de su jefe como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en San Fernando, a fin de “completar” su salario.

El detalle clave es que su exempleador es nada menos que el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Precisamente aquel cuyo objetivo de gestión debiera ser reducir el trabajo informal.

Ser y parecer no sería la regla número uno en el Gabinete. El caso de Triaca se suma al del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne que predica el blanqueo y la repatriación de capitales argentinos en el exterior mientras mantiene el 88% de su patrimonio fuera del país. O al del ministro de Finanzas Nicolás Caputo, que mantiene un estrecho vínculo con uno de los fondos de inversión que compró parte de la deuda a 100 años emitida por el propio funcionario. O al del ministro de Energía Juan José Aranguren que benefició con millonarias compras de gas a la empresa Shell, de la cual seguía siendo accionista al momento de las licitaciones de compra. En ninguno de los casos la “incompatibilidad” le costó el cargo al funcionario.

En esta ocasión, sin embargo, hay ribetes particulares, por las posibles consecuencias en cuanto a las reformas en ciernes, y a la puja salarial que se avecina.

Paritarias complejas

Si había un momento inoportuno para que un escándalo salpicara al ministro de Trabajo ese era precisamente la víspera de las paritarias. A ello se suma la inflación del 24% registrada en el 2017 y la “relajación” en las metas de inflación 2018, lo que no hace más que poner a la vista la enorme dificultad del gobierno para controlar el problema.

El gráfico adjunto muestra la evolución del salario real promedio de la actividad privada, deflactado a precios del 2015. La serie muestra que el poder adquisitivo tuvo una baja del 13% en el 2016 y una recuperación del 7% el año pasado. Se observa claramente que el salario a fines del 2017 es un 6,8% inferior al de fines del 2015. Es precisamente la discusión que se avecina en las mesas de negociación salarial. Será muy complicado para el gobierno sostener paritarias en torno al 15% sin cláusula gatillo, y sin reconocer la pérdida acumulada en los dos años previos.

Datos sensibles

La reforma laboral era una de las primeras apuestas del gobierno nacional para el inicio del año legislativo. Es el otro impacto negativo del caso Triaca. La autoridad moral del gobierno para debatir acerca de los datos del mercado laboral queda mancillada cuando su principal referente en la materia mantiene a sus empleados “en negro”.

Como paso previo para debatir acerca del trabajo, lo más adecuado es hacer una caracterización del mercado laboral. En base a los datos que surgen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mteyss) y del Indec, es posible trazar un mapa que muestra la configuración del trabajo en Argentina (ver infograma). El primer elemento importante es que la población económicamente activa (PEA) está compuesta por 22.375.000 personas. Se trata de aquellas personas en edad de trabajar que además deciden voluntariamente ser parte del mercado de trabajo (lo buscan).

Un segundo dato relevante es que el desempleo alcanza el 8,3% de la PEA, lo que significa que en nuestro país 1,8 millones de personas buscan trabajo y no lo consiguen.

Si se avanza un poco más es posible establecer que del total de 20,5 millones de personas que tienen trabajo el 83% se desempeña en el sector privado, mientras que el 17% lo hace en el sector público. Implica que pese a la declamada “modernización del Estado” en Argentina sigue habiendo 3,5 millones de empleados públicos.

Pero quizá el dato más complejo es aquel que pone a la vista el enorme peso de la economía informal. Según dio a conocer el Indec la semana pasada, un 41% de los 12 millones de asalariados que hay en el país no está registrado. Significa que 4 de cada 10 empleados en Argentina trabajan “en negro”. Quienes se desempeñan en estas condiciones no sólo carecen de aportes al sistema previsional para garantizar un retiro digno al llegar a la vejez, sino que tampoco reciben cobertura social y de salud, ni el pago de vacaciones, aguinaldo o indemnización ante un despido sin causa. Tampoco cuentan con un parámetro de actualización para sus haberes, como sí tienen quienes trabajan amparados por un convenio colectivo de trabajo.

La ortodoxia económica insiste en que la forma de lograr una verdadera baja del trabajo en negro es reducir impuestos al trabajo y flexibilizar las condiciones de contratación. La reforma tributaria aprobada en diciembre avanzó con el primer punto; la reforma laboral que prepara el gobierno para este año pretende avanzar con el segundo.

Los datos empíricos sin embargo le dan una y otra vez la espalda al postulado ortodoxo. La experiencia recogida en los países de la región que han emprendido tales reformas y lo sucedido en Argentina durante la década de los 90 demuestran que si la reforma sólo implica una reducción de las cargas patronales y una precarización de las condiciones de trabajo el resultado es un mayor margen de rentabilidad empresarial y una escasa reducción del trabajo informal. Sólo por dar tres ejemplos cercanos citados habitualmente en materia de reformas, el trabajo informal asciende al 37% en Brasil, al 54% en México y al 69% en Perú, según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

El tercer infograma que acompaña esta nota es elocuente. Según detalla el informe publicado por Indec, los tres sectores con mayor incidencia del trabajo en negro en Argentina son el agrícolo-ganadero, la construcción y el servicio doméstico.

El campo es el sector más dinámico de la economía nacional desde hace un siglo y medio. También es el sector que ha sido más beneficiado por la política económica de Cambiemos con la quita de retenciones a la exportación y la fuerte devaluación tras la salida del cepo cambiario. Pese a ello, 7 de cada 10 trabajadores rurales son informales.

La construcción fue el sector que más creció en el 2017 de la mano de la obra pública y el impulso de los créditos hipotecarios UVA. Aún así, el 50% de los trabajadores está en negro.

Con las excepciones del caso, el servicio doméstico está mayormente asociado a una patronal que pertenece a las capas de ingreso medio y alto. El 72% de los trabajadores del sector se desempeña de manera informal.

Es evidente que el pretendido efecto derrame no se verifica en el mercado laboral.

Mucho más valiosa y significativa sería una reforma que sopese los beneficios impositivos a otorgar al sector empresario, en relación a compromisos concretos de inversión productiva e incorporación de empleados registrados en el mediano plazo. Mejor aún sería una que contemple la incorporación de tecnología, la capacitación del recurso humano y la mejora de los procesos, si lo que verdaderamente se pretende es una mejora sustancial de la productividad, como condición previa para una reducción en la informalidad laboral, lo que sin duda tendría como corolario una verdadera reducción de la pobreza, otro de los eslóganes predilectos del gobierno.

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