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La jueza de Familia Marcela Trillini ordenó al Ministerio de Educación a adecuar las condiciones edilicias de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6, donde asisten alumnos con discapacidad.

En el fallo, la magistrada fijó un plazo perentorio de 30 días, “bajo apercibimiento de incurrir en los ilícitos de violación de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial como así también de imponer sanciones”.

La situación de la escuela laboral para personas con discapacidad que funciona en la calle 2 de Agosto al 1350, llegó a la Justicia por un recurso de amparo que presentaron los defensores de menores e incapaces de Bariloche.

Trillini señaló que “es evidente que el predio no responde a las necesidades de los alumnos y resulta paradójico que el propio Ministerio de Educación y Derechos Humanos resalte las limitaciones de las personas con discapacidad que concurren a formarse laboralmente allí, poniendo obstáculos absolutamente innecesarios en un espacio que debería favorecer su autonomía e inclusión”. Agrega que “se vulnera también su derecho a la dignidad que aglutina todos los derechos fundamentales , a la libertad, a no ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes, a no ser discriminado, a la intimidad y al honor”.

En los antecedentes del fallo, la jueza consideró que la directora del establecimiento informó que había puesto en conocimiento de sus superiores en Viedma, la situación de la escuela y no obtuvo respuesta.

La Escuela Laboral 6 recibe alumnos egresados de las especiales 6 y 19 y del sistema común que transitaron su escolaridad primaria dentro del proyecto de denominado de inclusión. Según consta en el expediente judicial, todo el alumnado sufre alguna discapacidad mental, en algunos casos agravada por discapacidad motriz, movilidad reducida o un diagnóstico de TEA (Trastornos del Espectro Autista).

La Secretaría de Trabajo realizó un acta de relevamiento y además autoridades judiciales realizaron una inspección ocular, de la que se desprende que la escuela funciona en una edificación originalmente destinada a vivienda y que no recibió las reformas edilicias correspondientes a un establecimiento educativo.

Detalla que la entrada presenta irregularidades del suelo que dificultan en ingreso en silla de ruedas, a lo que se suma que la puerta de acceso es pequeña; además de los dos baños que posee, sólo en uno es posible el ingreso en silla de ruedas aunque no está acondicionado para desplazarse de la silla hacia el sanitario y su tamaño dificulta que ingrese un asistente. Los tres salones de actividades no tienen puertas y la instalación eléctrica es deficiente.

La salida al patio trasero – salida de emergencia- no está señalizada y da a un patio cerrado donde se ubica una huerta y señalan que el sistema eléctrico y la calefacción del inmueble son deficientes.

En el caso también tomó intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativas quien pidió información sobre el estado e irregularidades del establecimiento al Ministerio de Educación, que no respondió sino que el informe remitido “se limita a remitir copias de los informes elevados tanto a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como a la Defensora del Pueblo de la provincia y de las que se desprende que en el receso escolar del pasado verano se efectuaron tareas sanitarias, limpieza de tanques, desratización y desmalezamiento”.

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