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PRIMA IMPLANTES. La fábrica investigada se encuentra en la calle Vieytes 1331 en barrio San Rafael.


La Fiscalía Federal Nº2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, amplió imputaciones en la causa que investiga una estafa millonaria contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) por parte de una fábrica con sede en nuestra ciudad. Además de Raúl Guillermo Tarraubella, titular de la empresa Prima Implante SA, fueron imputados 10 traumatólogos de clínicas de Buenos Aires.

La semana pasada se ampliaron los hechos que se les adjudican y que consisten en la sobrefacturación de prótesis traumatológicas. En su página web, la firma informa que tiene convenio desde 2004 con Pami para proveer prótesis a 37 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país con cobertura a más de 2,7 millones de afiliados.

La denuncia inicial data de 2014 por parte de un exempleado de Prima Implante SA quien describió las maniobras que se realizaban. Inmediatamente hubo allanamientos en diferentes puntos del país y se comprobó que había facturación de implantes no realizados y otros en los que el material provisto era de inferior calidad al cobrado. La pesquisa se lleva adelante con la colaboración de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del Pami, a cargo de Javier Arzubi Calvo.

A medida que avanza la causa se van detectando las estafas a partir de las historias clínicas de pacientes y afiliados. En muchos casos no será posible determinar si las prótesis se colocaron efectivamente y coincidían con las vendidas porque los pacientes ya fallecieron.

Una fuente de la investigación dijo que Tarraubella es conocido por el nivel de vida que ostenta, con disponibilidad de avión privado y autos de alta gama.

Insulina. La otra investigación por estafas al Pami, que también compete a la fiscalía de Vidal Lascano, es por la venta de medicamentos para diabé- ticos. Un informe de la UFI Pami señala que en Córdoba se localizaron 100 farmacias que usaron datos de 582 afiliados no reempadronados o fallecidos. En muchos casos simulaban venta de insulina a personas que no tenían la enfermedad. En dos de ellos, se individualizaron farmacias que presentaron al cobro recetas con troqueles apócrifos en las que se empleaban datos de 17 afiliados.

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