Compartir

El fiscal Tomás Soto y el abogado por la querella Alejandro Pschunder se opusieron a la concesión del beneficio de la suspensión de juicio a prueba para un imputado por el delito de amenazas en perjuicio de su expareja. Por el contrario, plantearon que el sujeto vaya a juicio. La pretensión de la fiscalía es pedir -cuando se haga el juicio- una pena de dos años de prisión.

La defensa del acusado había pedido la suspensión de juicio a prueba y había ofrecido un resarcimiento económico y pautas de conducta.

El juez Héctor Leguizamón Pondal desestimó el planteo del defensor oficial y habilitó la apertura a juicio por el delito de amenazas.

Soto imputó al hombre por las amenazas en perjuicio de una mujer que en ese momento era su pareja y compañera de trabajo. De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado hizo las amenazas por mensajes de whatsapp, desde un teléfono laboral corporativo.

El acusado le advirtió en esas amenazas a la víctima que “si la veía sonriendo a otro hombre en el ámbito laboral (…) se me va a saltar la cadena”, informaron desde el área de prensa del Poder Judicial. Las amenazas causaron temor en la mujer que hizo la denuncia.

Soto indicó las pruebas que se incorporaron durante la investigación como la captura de los mensajes y el testimonio de la denunciante, que manifestó su interés de seguir adelante con la causa. También, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima OFAVI, que consideró que la mujer sufrió violencia de género de tipo psicológico y varias declaraciones testimoniales.

El defensor oficial Marcelo Álvarez Melinger citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que menciona que no todo hecho realizado en contra de una mujer es violencia de género. Sostuvo que esta caso fue un hecho aislado y no constituye violencia de género. Y planteó la impugnación.

Leer mas

Comentarios

comentarios