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"Estamos en contra de cualquier cierre, porque principalmente descuida y afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados", precisó hoy el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en declaraciones difundidas a la prensa.
"La decisión va en contra de nuestra mirada federal de la provincia; es una política basada en la optimización de gastos y no en ver a la educación como una inversión", insistió el funcionario.
La Defensoría pidió a la Dirección General Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) que informe la nómina de escuelas afectadas; la cantidad de alumnos y cargos docentes y auxiliares a los que alcanza la medida; el motivo de la decisión de cierre y el destino otorgado a los alumnos que concurrían a las instituciones educativas afectadas, como también el destino de los edificios en los que funcionan dichas instituciones.
El pedido es sobre los 39 establecimientos educativos ubicados en Pellegrini, Castelli, Laprida, Lezama, Ayacucho, Tres Arroyos, Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, General Belgrano, Dolores, General Guido, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Villarino y Olavarría.
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