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El pasado domingo 8, El País de Uruguay publicó un ilustrativo informe de adelanto sobre las propuestas que hará el centro de estudios Eduy21 sobre la necesaria reforma de la educación. A modo de comentario sobre ese debate, la doctora Adriana Aristimuño dijo: "Se llegó a un punto donde el sistema de bloqueo es fenomenal, por eso estamos como estamos. Si no se trabaja, no se puede lograr resultados: hay que sentarse a trabajar, hay que arremangarse, hay que discutir y, claro, hay que confrontar". "Si alguien tiene miedo a enfrentar a los sindicatos, está frito", añadió como síntesis del enfoque político de la situación.

Ese es el primer dedo sobre la llaga. Las gremiales no aceptarán de modo alguno que el Ministerio de Educación tenga más poder, que los docentes tengan que elegir por varios años sus horas docentes, que los profesores con más experiencia deban ir a los lugares de peor contexto social, y suma y sigue.

El debate será arduo, ciertamente, pero el próximo gobierno esperemos que lo abra y lo cierre con esas necesarias reformas. Pasará por un tremendo conflicto. Soñamos con que no sea así, que la razón predomine, pero la experiencia nos dice que lamentablemente así será. Lo saben bien incluso los técnicos de origen frenteamplista que tuvieron que abandonar el Gobierno. Pero también la experiencia nos muestra que, cuando un gobierno tiene determinación, pese a esas oposiciones, se pueden hacer avances. Hoy, cuando se habla de un marco curricular común, a nadie se le ocurre pensar que no deba haber una autoridad común, como es el Consejo Directivo Central (Codicen). Eso se logró en la ley de 1972. La propuse como ministro y de "fascista" para abajo me dijeron de todo, por "arrasar" las autonomías, o sea, aquellos compartimentos estancos que gobernaban un feudo de primaria, otro de secundaria y otro de la UTU. De a ratos, la única que todavía invoca la "autonomía de Secundaria" es su actual directora general. Todo el resto está conteste en que no es posible imaginar una enseñanza como proceso continuo sin un diseño global, administrado por una autoridad común.

En aquellos lejanos tiempos se ganó esa batalla y ahí quedó el Codicen. Cuando, en 1995, emprendimos la conocida reforma, habíamos ido a la elección con un programa que incluía todos esos elementos, recogiendo investigaciones realizadas por Cepal desde nuestra primera administración. Lo expusimos hasta el cansancio en el período preelectoral. Llegados al gobierno, integramos un consejo presidido por Germán Rama, al que acompañaban José Claudio Williman, Carmen Tornaría, Nelly Leites y Rosa Márquez. Estaban todas las sensibilidades políticas, incluso la frentista, porque si bien la profesora Tornaría no asumía esa representación, había merecido sí la aprobación personal del general Seregni. La presidencia de Rama se fundamentaba no solamente en su participación en los estudios de base, sino en su carácter y su personalidad, eso que tanto le han criticado pero que es esencial: sin alguien convencido, con capacidad dialéctica para polemizar cada día y dispuesto a afrontar debates no siempre leales, acompañados de sabotajes de todo calibre, es imposible triunfar.

Aquella reforma se inscribía en la tradición batllista más ortodoxa. Se centraba en las instituciones del Estado, priorizaba la igualdad de oportunidades, tendía a discriminaciones positivas y trataba de darles las mayores posibilidades a los niños de contextos críticos y a los jóvenes que aspiraban a llegar un mercado de trabajo de calidad. O sea que nadie que se dijera socialista o progresista podía básicamente discrepar con la propuesta. No fue así, sin embargo. Nos dijeron de todo. "Vendidos al imperialismo" era lo más suave, sin entender que nos estaban financiando organismos internacionales que, en pleno auge privatizador, aceptaban una reforma básicamente centrada en el Estado.

Por aparte, propiciamos sí avanzar en el desarrollo de las universidades privadas, fundamental luego de haberse instalado la primera, la Católica, en nuestro primer gobierno. Así se hizo y en buena hora, porque nadie puede discutir hoy de buena fe el aporte que significan. Incluso el bien que le han hecho a la Universidad de la República, que tiene entidades con las que compararse. En ese ámbito había que abrirse a lo privado; en primaria y media el desafío era reformar lo del Estado, como sigue siéndolo hoy. Allí está y seguirá estando el grueso de la educación popular.

El hecho es que aquella reforma se llevó adelante. Fue una batalla tremenda. No hubo sabotaje, deslealtad y hasta difamación que no tuviéramos que soportar. Pero se hizo. Algo quedó como, por ejemplo, los exitosos bachilleratos tecnológicos, pero mucho se perdió y en las administraciones frentistas se ha actuado con el deliberado propósito de destruir las bases de aquella reforma progresista. Digámoslo con énfasis: hablamos de la mayor reforma progresista intentada por lo menos en medio siglo.

Parece insólito que tengamos que razonar sobre esta visión, pero no es nada extraño. Hasta en Finlandia las reformas fueron "a cuchillo". Lo mismo pasa hoy en Francia, donde hay una fuerte reacción contra los métodos innovadores que en nombre de priorizar competencias abandonaron los contenidos, al punto que la ministra, socialista ortodoxa, del Gobierno de François Hollande, propuso el retorno a la práctica del dictado ante el deterioro de la práctica del idioma. Pero ese es otro debate, para otro día. Lo de hoy en esta columna es para señalar que hay que discutir ya y prepararse para el cambio, sabiendo que habrá oposiciones sindicales y que, tal como es el panorama político nacional, esas gremiales arrastrarán al Frente Amplio político, que carece de fuerza para enfrentar a los sindicatos. Esperemos que el Frente Amplio sea para entonces oposición y soñemos con que una razonable meditación interna le haya mostrado el error de su derrotero en materia de educación popular.

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