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El Movimiento Evita, junto a diputados de otros bloques, presentó un proyecto que busca congelar las tarifas de los servicios públicos a los precios de diciembre de 2017. La medida abarca al "transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, agua potable y desagües cloacales; transporte público automotor y ferroviario de pasajeros; las concesiones viales con cobro a usuarios y los precios fijados para el gas natural".

Asimismo, propone que "se declare como servicio público la producción, captación y tratamiento de gas natural con destino al sistema de transporte" y la realización de audiencias públicas antes de cada aumento en los servicios públicos. Al respecto, establece que "la suma de las tarifas aplicables de los servicios públicos no podrá en ningún caso superar el diez por ciento de los ingresos de cada grupo familiar".

Ante cualquier modificación de los precios, la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las privatizaciones creada por Ley Nº 23.696 deberá convocar a audiencias públicas para analizar los siguientes criterios:

1) el impacto de las tarifas en la competitividad y productividad de la economía y en la distribución de los ingresos.

2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.

3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios.

4) los regímenes de promoción y tarifa social.

5) la seguridad de los sistemas comprendidos.

6) la rentabilidad de las empresas.

"Lo principal es que, a partir de la reglamentación de la ley, los usuarios paguen únicamente los incrementos vigentes al 31 de diciembre de 2017", expresaron desde bloque encabezado por Leonardo Grosso.

El proyecto lleva la firma de Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra, Victoria Donda, Alejandra Rodenas, María Emilia Soria, Karim Sbodio y Luis Contigiani.

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