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A fines de la década del noventa, la impunidad de los represores de la última dictadura militar parecía un hecho irreversible. Ya hacía varios años que Carlos Menem había indultado a los criminales que no habían logrado escapar por el atajo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Además, luego de esas medidas, Menem había sido reelecto, con lo cual el asunto parecía concluido. El Poder Judicial, dadas las leyes y decretos aprobados por los otros dos poderes, no tenía nada que hacer.

En este contexto a un pequeño grupo de camaristas federales se les ocurrió una idea original para que el asunto se mantuviera vivo. Luego de los indultos, era imposible juzgar a nadie. Pero nada impedía a la Justicia iniciar procesos donde se intentara conocer la verdad de lo ocurrido: no habría condenas pero sí testigos y narraciones estremecedoras y citaciones a los sospechosos. El inspirador de la iniciativa fue Leopoldo Schiffrin, un juez cuyo prestigio académico y ético en el mundo del derecho trascendió las fronteras del país.

Muchos años después, en el año 2015, el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Como se sabe, Nisman apareció muerto. Y luego, una cantidad enorme de juristas se apuraron a desmerecer su trabajo. En general, eran personas con mucho prestigio académico y muy vinculadas al poder de entonces. El juez que entendía el caso, Daniel Rafecas, se alineó con ellos y decidió archivar el asunto.

Leopoldo Schiffrin era de los jueces -de las personas- que no creían que los temas dolorosos debían cerrarse por presión política.

Por eso, escribió una erudita nota en la revista La Ley donde sostenía que Rafecas estaba equivocado, que la argumentación de Nisman era sólida y que merecía, como mínimo, que un juez la tomara en serio. Vaticinó, por entonces, lo que ocurriría: los crímenes de lesa humanidad, como el de la AMIA, no prescriben y un juez podría en el futuro deshacer lo que Rafecas hacía en aquel presente. Ese texto en la revista La Ley fue una esperanza en medio de tanta pasión por la impunidad. Una vez más, como en los tiempos de la impunidad de los militares, era el quien empujaba desde su despacho.

Schiffrin, que murió hoy a los ochenta y un años, era un hombre excepcional en varios sentidos. Era un juez honesto, erudito, valiente, sobrio, austero. Pero, sobre todo, era excepcional en un país donde tantas personas se alinean con el poder de turno. Cuando estaba Menem, organizaba los juicios de la verdad. Cuando estaba Cristina, defendía la investigación de Nisman. Por eso, no fue novedad que una de las primeras malas noticias que el Poder Judicial le diera a Mauricio Macri fuera un fallo redactado por el: el que frenaba los tarifazos de gas en 2016.

Fue funcionario de Cámpora en 1973, debió exiliarse durante la dictadura militar, su compromiso con los derechos humanos fue incuestionable. Sin embargo, reaccionó con firmeza ante los gestos autoritarios del kirchnerismo, cuya prensa adicta pretendió ensuciarlo con porquerizas que le enviaban desde la Casa Rosada. En los últimos años de su vida, militó en la Comisión para la Memoria, al lado de Adolfo Pérez Esquivel.

No sobran ejemplos en la justicia argentina. Por eso se han destacado tanto personas como Carmen Argibay, Carlos Fayt o Leopoldo Schiffrin. No eran vivos, ni ricos, ni obsecuentes, ni apretaban a nadie, ni defendían al poder, ni aplaudían la barbarie. Apenas eran justos.

Es un país raro aquel en que los jueces justos son, a la vez, excepcionales.

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