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La versión 2018 de la ruidosa batalla contra la inflación parece girar en torno a dos ejes diferentes: por un lado la distancia entre la realidad y lo que se ha puesto como objetivo (15%), y por el otro, la mirada hacia los “culpables” de que los índices mensuales no bajen del 2%, ahora discriminada con el rótulo de “inflación núcleo” para intentar dejar de lado la mala influencia de los tarifazos.
En esto, para una novedad, se vuelve a lo clásico. Ya en otra época se veganizaba el índice, quitándole la injerencia de la incontrolable suba de la carne. Como si esta no fuera parte de la canasta básica de la gran mayoría de los argentinos. Hoy el turno es de los servicios públicos (que aún arrastran el desfasaje iniciado con la pesificación asimétrica de Duhalde y Lavagna de 2002) y de los combustibles, estrellas de la inflación rejuvenecida.
Una década atrás, se cerraba un capítulo desopilante en la historia económica argentina. Un grupo local, Petersen, con el aura de la bendición del patrón de la escena política vernácula, Néstor Kirchner, se hacía con el 14,9% de YPF, hasta entonces en manos de Repsol, y adquiría una opción por otro 10%. La administración K había pisado el precio de las naftas por debajo de los 2 pesos, lo que llevaba al litro de súper a poco más de 60 centavos de dólar. Mágicamente, con la irrupción de los Eskenazi en el management de YPF, las autoridades fueron más benignas y aflojaron el techo: de 2008 a 2010 el precio subió más del 80%, algo menos del 50% en dólares. Luego llegó el “mago” Galluccio y aceleró el proceso de revalorización del combustible expedido, y ya en plena era Macri, una carrera contra la inflación para no perderle pisada y seguir manteniendo el margen de utilidad. El presente es más conocido: el litro de súper en Capital Federal cotizará en abril por encima de 1,30 dólares. ¿Esta volatilidad es la causa o la consecuencia de una inflación indomable?
Para contestar, vale recordar que un litro de nafta súper tributa entre un 42 y un 45% del precio total, uno de los valores más altos de la región (en México, por ejemplo, la carga impositiva es de poco más del 30% del precio final). Por dos razones: distribucionista (se supone que los que tienen un vehículo son ricos y los destinatarios de los impuestos, pobres) y eficiencia (pocas bocas de expendio y un sistema de fácil control, menos para los amigos de la casa).
Mientras el Gobierno siga corriendo de atrás el equilibrio de los precios relativos, recomponiendo tarifas, derivando fondos para la obra pública retrasada y manteniendo el gasto social y previsional en términos relativos, la inflación no será un efecto no deseado sino la plataforma para lograr los objetivos de política económica con más fluidez. Acá los números mandan. Lo demás, también es inflación, pero de palabras.

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TRISTAN RODRIGUEZ LOREDO



Naftas y precios: el núcleo duro
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