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El gobierno rionegrino pretende adaptar la facultad de la Policía para demorar menores “en actitud sospechosa” que circulen por la vía pública, mediante la implementación de un protocolo que hoy a las 10, en Casa de Gobierno, será firmado por las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y los Ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud.

En 2016 se produjo la polémica que impactó de lleno en el seno del Consejo de Niñez y Adolescencia cuando la provincia, mediante una respuesta a un amparo, ratificó que el personal uniformado podía detener chicos que circularan en situación peligrosa para sí mismos o para terceros, aun sin que estuvieran cometiendo flagrante delito.

La posición oficial fue refrendada por el Superior Tribunal de Justicia y el tema caló profundo en el debate de los organismos y entes dedicados a la promoción de los derechos de los niños.

Para evitar la vulneración de tales preceptos consagrados en virtud de pactos internacionales y leyes argentinas, como la Convención de los Derechos del Niños y la Ley 26061 o la provincial 4901, entre otras, el gobierno propone ahora un protocolo que fija pautas de actuación para esas tres carteras y crea espacios en los que los jóvenes de menos de 18 años que sean aprehendidos permanezcan algunas horas hasta la entrega a sus progenitores o hasta que se efectivice otra disposición judicial.

El instructivo va dirigido a la contención de los chicos que “presuntamente hayan cometido delito” quienes deberán ser alojados en los Centros de Admisión y Derivación cuando éstos existan en el lugar o en su defecto serán alojados en Unidades de Orden Público.

Uno, o más operadores de la Guardia Penal Juvenil, dependiente de la Senaf, estarán presentes durante el tiempo que el niño se encuentre aprehendido por parte de la policía.

Se regula que toda demora deberá practicarse del modo “menos perjudicial para el niño, niña o adolescente en su persona, reputación o patrimonio, con especial cuidado en cuanto menor sea su edad”.

Se deberá dar aviso inmediato al fiscal y a las autoridades de la Secretaría para que se comuniquen con sus padres. Las requisas deberán ser con presencia de operadores.

Además, deberá ser trasladado al CAD o la unidad de Orden Público (comisaría) sin ningún tipo de escala. El Ministerio de Salud garantizará la atención de los jóvenes en caso de que se encuentren intoxicados.

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